Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Encuentro Social sobre la idoneidad de la Maestra Luz María Anaya Domínguez para desempeñarse como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La lucha contra la corrupción en México lleva una década estancada. Esto revela, una vez más, Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2019.
México obtuvo una calificación de 29 sobre 100 puntos en el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Esto representa un ligero aumento con respecto a 2018, donde el índice arrojó una calificación de 28 sobre 100, el resultado más bajo en 18 años.
Es un hecho que la corrupción en México sigue presente. Las acciones para detectar, sancionar y disuadir la corrupción han sido insuficientes aún cuando es el epicentro de acción de trabajo de nuestros esfuerzos y acciones. El Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019 ubicó a México en la posición número 6 de los 8 países de América Latina evaluados.
La corrupción es un mal sistémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad, a la vez que deteriora la confianza en servidores públicos y las instituciones públicas que ellos encabezan.
El combate a la corrupción es una demanda ciudadana que tiene como objetivo, la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno.
Compartimos la idea de que el combate a la corrupción y la impunidad requieren de la voluntad de quienes sirven a la nación, pero creemos que esta es una condición necesaria, más no suficiente, para lograr resultados reales y duraderos.
Si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en México, es indispensable hacer cambios que no dependan de la honestidad de una sola persona o grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté al frente de las instituciones públicas.
En el combate a la corrupción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juega un papel importante pues es un órgano jurisdiccional con autonomía administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos, y con jurisdicción plena y forma parte del Sistema Anticorrupción.
Las resoluciones que emita el Tribunal en materia de Responsabilidades Administrativas, deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.
Confiamos que en este importante papel, Luz María Anaya Domínguez se desempeñará con probidad pues como consta en su expediente destaca que ha desempeñado altos cargos jurisdiccionales, lo que, en conjunto con la preparación académica con la que cuenta, hace presumible su calidad ética, la honorabilidad, el alto sentido de responsabilidad, capacidad organizativa y ejecutiva, en tanto son coincidentes con sus conocimientos y experiencia profesional en materias especializadas.
Además, el Tribunal enfrenta una nueva etapa en la cual todos los actos y compromisos se realizan como parte del prestigio que tiene una institución de plena jurisdicción, de la cual todos sus integrantes son depositarios.
En los últimos años, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha alcanzado un protagonismo legítimo y ha adquirido una mayor relevancia en su actuar frente a la mirada de los diferentes actores de la vida pública, pero más aún, entre la población en general que, en buena medida, cifra sus esperanzas de justicia, bienestar y desarrollo, en las decisiones que se toman al interior de este órgano del Estado Mexicano.
Confiamos que la probidad de la Maestra Luz María Anaya Domínguez le servirá para desempeñarse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por eso votaremos a favor.