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LA DIPUTADA ZULMA ESPINOZA MATA, PRESENTÓ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL



LA DIPUTADA ZULMA ESPINOZA MATA, PRESENTÓ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 138 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN


A lo largo de la historia de nuestro país las mujeres han desempeñado un papel esencial en el desarrollo y crecimiento del mismo. Pese a los numerosos obstáculos que han tenido que afrontar, su persistencia ha logrado ir reduciendo poco a poco las enormes brechas de desigualdad en la educación, el desarrollo profesional, en el acceso a cargos para la toma de decisiones, así como en el ejercicio pleno de sus derechos.

No obstante, esa lucha se ha visto mermada debido al alarmante aumento en la violencia por razones de género que sufren las niñas y mujeres de nuestro país.

En México, de enero a junio del 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se registraron 1,844 homicidios de mujeres, confirmando la cifra de que al día son asesinadas 10 mujeres en nuestro país.

Este hecho tan preocupante pone sobre la mesa la urgente necesidad de establecer mecanismos eficientes de protección a las mujeres en cualquier ámbito de la vida social, y uno de esos ámbitos particularmente importantes es el educativo, en este es de la prestación del servicio social, el cual ha venido a representar una oportunidad de aprendizaje y experiencia para los estudiantes que egresan de alguna carrera y, a su vez, brindar apoyo y su asistencia profesional a las comunidades más marginadas del país.

Desafortunadamente existe evidencia de que los prestadores de servicio social enfrentan un doble reto ante los innegables índices delictivos de los que son víctimas.

Lo anterior, cobrando especial relevancia cuando la violencia es dirigida en su más detestable expresión hacia las mujeres, situación que incluso ha derivado en casos de feminicidio.

El recrudecimiento de la violencia hacia la mujer, el exponer a los mujeres jóvenes estudiantes y prestadoras de servicio social a realizar su labor solas, en comunidades aisladas y en contextos de machismo y violencia sexual normalizada, merece un replanteamiento de la figura del servicio social, sobre todo, a partir de un enfoque preventivo y consciente del alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran.

El servicio social en nuestro país se estableció bajo el principio de gratitud y solidaridad, poniendo a disposición de la misma y de los más vulnerables los conocimientos y aptitudes sin un ánimo lucrativo.

Sin embargo, los cambios en los fenómenos sociales ocurridos desde su institucionalización, como el aumento en la violencia hacia la mujer, demandan un replanteamiento en las políticas, programas y estrategias para la prestación de éste.

Es por ello que la presente iniciativa pretende abonar a ese proceso de transición del modelo inicial, a fin de que en el desarrollo de sus programas, la aplicación y práctica, tengan en todo momento un criterio de prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia, mediante el desarrollo de un Protocolo de Actuación Oportuna Frente a la Violencia de Género, el cual será de observancia y aplicación obligatoria para cada espacio en el que se preste el servicio social por parte de los estudiantes.

Para ello, el Partido Verde Ecologista de México y quienes suscriben, proponemos modificaciones tanto a la Ley Reglamentaria que regula el ejercicio de la actividad profesional, como a la propia Ley General de Educación, con la finalidad de establecer la obligación de las autoridades educativas de elaborar el referido protocolo.

Asimismo, proponemos la exención de responsabilidad por interrupción en la realización de su servicio a las prestadoras que, habiendo sufrido y denunciado violencia por razones de género ante las autoridades competentes, deban suspender o, en su caso, abandonar los establecimientos donde hayan estado prestando su servicio, sin que ello afecte la liberación del mismo para la obtención de su título de grado.

Compañeras y compañeros Legisladores, proteger a nuestras mujeres debe ser una responsabilidad compartida, permanente y prioritaria, por lo que acciones como estas deben ser consideradas un paso indispensable para garantizar efectivamente todos sus derechos.

Esperando contar con su respaldo, agradezco la atención.