¿Es verdaderamente necesaria una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica?
¿Es verdaderamente necesaria una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica?
Implicaciones de aceptarse la Reforma como se propone.
De aprobarse la iniciativa preferente del Presidente de la República como se propone sobre la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, los costos del suministro eléctrico podrían aumentar de manera considerable y en detrimento de los consumidores.
Es de vital responsabilidad informarse y tener claridad en este tema, y tomar en cuenta los comentarios de los especialistas, académicos y expertos en la materia, así como los argumentos de quien encabeza este Gobierno sobre la necesidad del rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los cuales señalan que será en beneficio del pueblo, que otorgará una soberanía eléctrica y que se acabará con los abusos y corruptelas.
Entrando en materia, lo que propone la iniciativa es crear un monopolio Estatal, en donde no existan competidores y que la Secretaría de Energía (SE) y la CFE mantengan el control absoluto en cuanto a traslado, transmisión y despacho de electricidad vulnerando la libre competencia.
La propuesta elimina el despacho económico de electricidad, y establece en primer lugar las hidroeléctricas, que en su mayoría son propiedad de la CFE. En segundo lugar, las otras plantas de CFE; en tercer lugar, las eólicas y solares, y en último lugar los ciclos combinados privados.
Es decir, se excluye el principio de menor costo para los consumidores, lo que implicará un encarecimiento de la energía eléctrica monopolizando el mercado, sin importar su costo ni sus emisiones de carbono en detrimento de la salud de la ciudadanía.
Por su parte, las empresas de autoabastecimiento que generan su propia energía se les rescindiría su permiso. Es decir, que las compañías que invirtieron en sistemas para generar energía (que representa cerca del 12% del Producto Interno Bruto), y podían obtener una utilidad por la venta de excedentes, ya no podrán hacerlo y tendrán que comprarle el total a la CFE a un mayor costo y en acciones energías sucias.
Este factor otorgará ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de CFE, garantizándole la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata ni la más limpia y generará costos adicionales en la producción, elevará los costos de los bienes dañando los bolsillos de las familias.
Por otra parte, la iniciativa preferente es inconstitucional, porque viola el artículo 28 constitucional y se contrapone con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que invalida diversas disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales son en el mismo sentido que las modificaciones propuestas por la Iniciativa.
Es necesario puntualizar que el proyecto de reforma concede el poder discrecional de la revisión, renegociación o terminación anticipada de los contratos de compra de energía y, de considerar que no son rentables para la CFE, puede considerarlo desventajoso y revocarlo.
Lamentablemente, la CFE ha cancelado las subastas para la compra de energía de mediano y largo plazo, ha aumentado la tarifa de porteo de trasmisión y están cerrados los permisos para nuevos participantes.
Cabe mencionar que, por parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, no tomaron en consideración las opiniones y recomendaciones vertidas en el Parlamento Abierto realizado el pasado 11 y 12 de febrero, con una duración de más de 12 horas de trabajos, con la participación de varios expertos en la materia.
Sin duda, y en opinión de la mayoría de los especialistas, la iniciativa preferente que reforma la Ley de la Industria Eléctrica representa convertir a la CFE en una empresa monopólica del sector eléctrico.
Todo lo anterior deja en claro que, de aprobarse la iniciativa en sus términos, los usuarios de la energía eléctrica en este país no tendremos más opciones que continuar pagando a un solo proveedor a los precios que se juzgue pertinente.
No olvidemos que las y los Legisladores tenemos la gran responsabilidad y obligación de velar por el interés superior de las y los mexicanos, sin importar color partidista, corrientes sociales o intereses personales. Las y los diputados tenemos el deber ineludible de llevar las inquietudes, problemáticas y necesidades a la más alta tribuna del país con la intención de poner a consideración del pleno las posibles soluciones enmarcadas en los ordenamientos jurídicos.
Por todo lo anterior, la propuesta a la que conminamos a las y los legisladores es a reflexionar antes de tomar una decisión en su voto, apostemos a privilegiar el diálogo, buscar los acuerdos, que se diriman las diferencias y conflictos, velar por un equilibrio contractual justo, en beneficio de las y los mexicanos, el respeto al medio ambiente, apegarse a los tratados internacionales de los cuales somos parte y de la continuidad en la carrera por la generación de energías limpias al margen de las leyes que nos rigen como Nación.
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