LEY GENERAL DE AGUAS REGLAMENTARIA AL 4to CONSTITUCIONAL
LEY GENERAL DE AGUAS REGLAMENTARIA AL 4to CONSTITUCIONAL
Diputado Mario Mata
En estos momentos la actual función legislativa en la Cámara de Diputados tiene ante sí un problema toral, tenemos que cumplir el mandato del año 2012 cuando fue reformado el artículo 4º constitucional, a fin de garantizar a toda persona el derecho “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. México está comprometido con los derechos que se han ido configurando en torno al acceso al agua a nivel internacional, y eso nos obliga a establecer un marco institucional y administrativo que permitirá cumplir de manera efectiva, eficaz y eficiente, con todos los criterios establecidos en la materia a nivel mundial.
Este asunto ha pasado, desde hace 8 años, por una serie de encuentros y desencuentros, a pesar de que en el 2012 se fijó un plazo de 360 días para que el Legislativo emitiera una Ley General de Agua Nacionales (LGAN) que permitiera cumplir los objetivos. Los esfuerzos realizados no han podido llegar a un consenso, dentro de las fuerzas políticas e ideológicas, tanto en la Cámara como fuera de ella.
El punto central de las discusiones siempre ha sido el conflicto de los regímenes por los cuales el Estado cumple con el Artículo 28 constitucional, que en su primer párrafo dice: “La propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Por tal razón hablar de que la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) o las propuestas para desarrollar en estos momentos una Ley Reglamentaria al 4to constitucional, “privatiza” el agua en México, es una aberración dado que la misma Constitución ya establece como se transmite el dominio de las aguas nacionales a los particulares, por medio de concesiones y asignaciones, he aquí otro párrafo del citado artículo que todavía deja más claro este asunto.
“…La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana… En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, (aguas nacionales), el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.”
El objetivo actual es poder dotar del acceso universal al agua y al saneamiento a los 10 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, y que en este momento no lo tienen y que viven en el sur y sureste de México. Estamos seguros que es momento de avanzar hacia la construcción de un marco jurídico integrado, que ofrezca los mecanismos, instrumentos y procedimientos para promover la participación efectiva de todas las autoridades y de la sociedad civil y que juntos logremos la meta nacional de acceso al agua para consumo humano y al saneamiento que nos propongamos, y que debe tender al 100% de cobertura. Pero sin afectar a la actividad agropecuaria con una sobrerregulación que ahogue a los productores.
En los esfuerzos de esta LXIV Legislatura por medio de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de poder emitir una Ley General de Aguas Nacionales, se realizaron 35 Foros regionales para recopilar las inquietudes de los ciudadanos, a lo largo de todo el territorio nacional, pero las iniciativas que surgieron de las relatorías se desvirtuaron por otras consideraciones de tipo ideológico y se extralimitan en su objetivo, van más allá de legislar el derecho humano al agua y al saneamiento, y con ello generan problemas graves de inconstitucionalidad; así como, impactos regulatorios serios en el régimen jurídico del agua en México, que van en contra de la certeza jurídica de los asignatarios y concesionarios rurales y urbanos, y en contra de la seguridad hídrica y la gestión integrada de los recursos hídricos.
Se tuvieron muchas quejas y protestas de los usuarios de riego, agricultores, ganaderos y campesinos sobre este rubro en lo particular. Además, que afectan directamente a otros derechos universales como son; el derecho al trabajo, a la alimentación y a un entorno ecológico sustentable.
No podemos negar que la realidad de la gobernabilidad del agua en nuestro país es deficiente, que hay acuíferos sobreexplotados, extracciones ilegales, aprovechamientos irregulares, prácticas ineficientes en los usos público urbano e hidroagrícola, acaparamiento y muchos otros problemas. Pero eso nos habla más de una mala aplicación de la Ley, de falta de recursos para inspección, revisión, rendición de cuentas y hasta de inversión en infraestructura y equipamiento.
Debemos seguir trabajando en enriquecer la Ley de Aguas Nacionales para evitar toda esta compleja problemática, pero con un gran consenso nacional con los ciudadanos, así como con las fuerzas políticas para evitar ser descalificado por los intereses particulares de algunos ciudadanos y legisladores (Intereses corporativos, partidistas o incluso de grupos ciudadanos que bajo la bandera de la participación social buscan mover agendas particulares que no representan a los grupos de interés a los cuales dicen representar).
El Proyecto que en su momento presenté a nombre del GPPAN no promovía una iniciativa cosmética, sino todo lo contrario, se pretendía generar un andamiaje jurídico sólido para sustentar un modelo innovador con un profundo sentido de la responsabilidad social que tiene el Estado Mexicano de promover, defender y proteger de manera progresiva los derechos humanos.
Ahora, más que nunca, debemos actuar unidos a favor del interés nacional e impulsar la innovación social a través de la acción conjunta de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable que nos hemos fijado y lograr que el derecho humano al agua y al saneamiento sea una realidad para todos los mexicanos.
