Pide PRI al Gobierno Federal reconsiderar el recorte presupuestal a la CEAV; es una traición a las víctimas


El abandono de la defensa de los derechos humanos es contrario a lo dispuesto en la Constitución, obstruye la impartición de justicia y fomenta la impunidad

Nota N°. 5338


Pide PRI al Gobierno Federal reconsiderar el recorte presupuestal a la CEAV; es una traición a las víctimas


  • • El abandono de la defensa de los derechos humanos es contrario a lo dispuesto en la Constitución, obstruye la impartición de justicia y fomenta la impunidad


Palacio Legislativo, 04-06-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRI pidió al Gobierno Federal reconsiderar el recorte del 75 por ciento al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues afecta su funcionamiento y representa una traición a las víctimas de desaparición forzada, tortura, feminicidio y trata, entre otros delitos.

“Ante la crisis económica y de seguridad que se vive en México a causa de la pandemia por el Covid-19, manifestamos nuestra preocupación por las decisiones presupuestales de esta Administración, que le dan la espalda a las víctimas y les niegan sus derechos protegidos por la ley en un momento de máxima vulnerabilidad”, señaló la bancada en un comunicado.

Las y los diputados priistas aseveraron que ninguna política de austeridad justifica que el Estado abandone su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, pues ello es contrario a lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales y los propios compromisos de campaña que llevaron al triunfo electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde ahora advertimos que este recorte podría ser inconstitucional. En el PRI estamos en contra de empobrecer la calidad de los servicios públicos y asfixiar actividades esenciales para el acceso a la justicia”, insistieron.

Alertaron que este recorte provocará el despido de personal especializado, la desaparición de oficinas de atención, el desmantelamiento del Registro Nacional de Víctimas, así como la cancelación de apoyos para alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones para quienes merecen justicia.

“La destrucción institucional que se está alentando por las decisiones de este gobierno generarán un grave daño a las capacidades gubernamentales, de consumarse estarán condenando a las próximas generaciones a un gobierno incompetente y a un Estado incapaz de cumplir con sus principales fines, la garantía de seguridad y de justicia para los ciudadanos”, finalizaron.

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