Pide PRD diálogo nacional desde el Congreso de la Unión con la unidad de la oposición, para enfrentar impactos del Covid-19


Se requiere revisar el Pacto Fiscal entre los estados y la Federación

Nota N°. 4946

Pide PRD diálogo nacional desde el Congreso de la Unión con la unidad de la oposición, para enfrentar impactos del Covid-19


  • • Se requiere revisar el Pacto Fiscal entre los estados y la Federación e impulsar una legislación presupuestal que permita el ajuste de ingresos y egresos ante contingencias mayúsculas, sostiene la líder de la bancada, Verónica Juárez Piña

  • • Plantea Mónica Almeida que la estrategia para contrarrestar el impacto económico de la crisis sanitaria, tenga como eje principal el derecho al mínimo vital o renta básica


Palacio Legislativo, 23-04-2020 (Notilegis).- La diputada Verónica Juárez Piña aseguró que el PRD se suma a la propuesta de construir con otras fuerzas de la oposición un Diálogo Nacional desde el Congreso de la Unión, para edificar una agenda de acciones inmediatas para enfrentar el impacto social y económico de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En un comunicado, tras participar en el “Diálogo por la Reconstrucción Nacional, Futuro 21”, advirtió que el país atraviesa por una de las crisis más difíciles en su historia reciente, no sólo en materia sanitaria, sino por la recesión global que le seguirá, y a la cual hay que añadir la caída histórica en el precio del petróleo.

Ante este panorama, insistió la líder parlamentaria, es necesario posponer los megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía y destinar estos recursos al sistema de salud y la crisis económica, ante los efectos negativos de la pandemia.

“Se trata de romper el paradigma de la disciplina fiscal a ultranza para impulsar una serie de políticas públicas contracíclicas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país”, señaló.

Subrayó la urgencia de revisar el Pacto Fiscal entre las entidades y la Federación, impulsar una legislación presupuestal que permita el ajuste de ingresos y egresos ante contingencias mayúsculas, en donde se incluya la protección a las y los trabajadores formales e informales y la creación de un seguro de desempleo.

Apuntó que ha quedado de manifiesto que el sistema de salud del país ha sido rebasado, por ello sugirió revisar la creación y el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), promover reformas que permitan una protección efectiva y el reconocimiento a los trabajadores de la salud.

Asimismo, recuperar la normalidad democrática de las instituciones, reconstruir una república de libertades y contrapesos efectivos al poder, a través de un gran acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, representantes de los sectores productivos, trabajadores del campo y la ciudad y en general, creadores, científicos, académicos y, en general, todos.

Plantea Mónica Almeida que estrategia para contrarrestar el impacto económico del Covid-19, tenga como eje principal el derecho al mínimo vital o renta básica

En un comunicado por separado, la diputada perredista, Mónica Almeida López, pidió al Gobierno Federal que la estrategia económica y presupuestal que se realice para contrarrestar el impacto del Covid-19, tenga como eje principal el derecho al mínimo vital o renta básica, a fin de satisfacer necesidades primordiales, mecanismo que se debe implementar de manera permanente en el país.


“Hoy más que nunca debemos poner al mínimo vital en el centro de la planeación presupuestal, para privilegiar estrategias y mecanismos que den respuesta a las crisis que ya estamos afrontando, para que todos los mexicanos puedan contar con los insumos necesarios y cubrir sus derechos vitales, lo cual les permita desarrollarse de manera plena”, indicó.

"Este tipo de presupuestación permitiría que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida, dentro de los cuales los programas y proyectos deben transitar a la inversión diversa que propicie el fortalecimiento y garantía de los derechos a la alimentación, agua, energía, vivienda adecuada, movilidad, educación y salud”, indicó.

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