La Comisión de Igualdad de Género analiza iniciativas para adecuar los centros de Justicia para las Mujeres


Plantean que estén descentralizados de las fiscalías estatales, con autonomía técnica y presupuestal

Boletín No.3726


La Comisión de Igualdad de Género analiza iniciativas para adecuar los centros de Justicia para las Mujeres

• Plantean que estén descentralizados de las fiscalías estatales, con autonomía técnica y presupuestal

• En el país, 30.7 millones de mujeres han enfrentado violencia de todo tipo

La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), realizó el parlamento abierto en materia de “Centros de Justicia para las Mujeres”, donde se analizó con especialistas dos iniciativas que promueven que estos espacios brinden servicios de atención integral con perspectiva de género y de los derechos humanos a las víctimas de violencia, a sus hijas e hijos.

En este encuentro, se planteó que los centros de Justicia para las Mujeres estén descentralizados de las fiscalías de las entidades federativas, tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica e independencia presupuestal. Asimismo, que las dependencias federales propicien que las autoridades locales impulsen la creación, operación o fortalecimiento de esos espacios.

Han enfrentado algún tipo de violencia 30.7 millones de mujeres

En el parlamento virtual, la diputada Mildred Ávila Vera (Morena) dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 30.7 millones de mujeres han enfrentado algún de tipo de violencia, por lo que es fundamental que estos organismos sean eficaces.

Añadió que, si bien en México hay 48 Centros de Justicia para las Mujeres, algunas entidades no tienen estos espacios con las características adecuadas, lo cual deja en estado de vulnerabilidad a las víctimas de violencia.

Reformas para que adquieran reconocimiento total

En su participación, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, consideró que las reformas planteadas permitirán que los centros de justicia adquieran un estatuto jurídico, tengan recursos propios, reconocimiento total, que las titulares no queden a decisión del fiscal y que los consejos ciudadanos estén integrados por personas calificadas.

Subrayó que es fundamental que estos espacios dejen de ser “el patito feo” de las fiscalías, por lo que la incorporación de su figura en la ley garantizará su estabilidad y reconocimiento.

De igual manera, sugirió que tengan personal comisionado de manera permanente y se les etiquete presupuesto específico, toda vez que en la actualidad estos órganos dependen de las fiscalías. Añadió que otro elemento relevante es la selección de sus titulares y que no quede sólo al arbitrio del fiscal, porque son cargos de mucha responsabilidad.

Atender a víctimas con perspectiva de género

La fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, comentó que los Centros de Justicia para Mujeres no se pueden usar como “caja chica”. Es necesario reforzar el ámbito cultural de los servidores públicos que atienden este tema, a fin de brindar una atención con perspectiva de género, además de especificar sus funciones.

Deben tener presupuesto específico

Margarita Cabrera Román, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Hidalgo, consideró fundamental que estos espacios sean incluidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque requieren presupuesto específico para erradicar este problema. “Esta política se debe diseñar de forma integral y respaldada con recursos públicos”.

Falta infraestructura y personal capacitado

Isabel Erreguerena, de EQUIS Justicia para las Mujeres, comentó que durante el confinamiento aumentaron las agresiones de género. La violencia hacia la mujer es el segundo delito más denunciado en el ámbito familiar. Añadió que la mayoría de los centros de Justicia no tienen la infraestructura suficiente y su personal no está capacitado para atender a mujeres con alguna discapacidad o a las que usan sustancias tóxicas.


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