Avala Comisión de Seguridad Pública diversos dictámenes y puntos de acuerdo


Los documentos se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos parlamentarios conducentes

Boletín No. 6367


Avala Comisión de Seguridad Pública diversos dictámenes y puntos de acuerdo


• Los documentos se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos parlamentarios conducentes


La Comisión de Seguridad Pública, presidida por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), avaló seis dictámenes a iniciativas y diversos puntos de acuerdo, en materia de seguridad nacional, Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.


Los documentos se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos parlamentarios correspondientes.


Dictámenes

El primer dictamen reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de agregar los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones de la Guardia Nacional, como amenazas a la Seguridad Nacional.

También añade como amenazas de esa índole el brote de una epidemia o pandemia que ponga en riesgo la salubridad general del país; emergencia por desastres naturales originados por el cambio climático, y los señalados en la Agenda Nacional de Riesgos.

El dictamen también incorpora al Secretario de Salud al Consejo de Seguridad Nacional, en caso de presentarse uno de los riesgos antes mencionados. 

El segundo dictamen avalado modifica el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para remplazar el término “Procurador” por “Fiscal”, en cuanto a la integración del Consejo Nacional de Seguridad. Además, actualiza el término “podrá invitar”, por “deberá invitar”, respecto de las reuniones de dicho Consejo.

El tercer dictamen aprobado reforma el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, con el objetivo de que sea obligación de esa corporación informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y referirse en todo momento a la herramienta utilizada para los fines de la detención, si así fuera el caso, como candados de mano. 

Otro dictamen modifica el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para que sea atribución de esa institución prevenir la comisión de delitos en las áreas naturales protegidas que son competencia de la Federación.

Un quinto dictamen reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer como función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario proponer mecanismos para implementar el trabajo, la capacitación para el mismo y la salud.

El sexto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de paridad judicial. Establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de paridad de género.

Asimismo, las Instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para proponer, ejecutar y evaluar los Programas de Igualdad Sustantiva de las Instituciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

También, en los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública bajo el principio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

El Consejo Nacional tendrá la atribución de promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito con especial énfasis en aquellos delitos cometidos en contra de las mujeres.

De igual manera se indica que corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema establecer y coordinar el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia, así como los mecanismos para su instrumentación, en el que se deberá establecer un mecanismo de atención especializado de emergencias relacionadas con violencia de género, así como su Reglamento.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones, someter a consideración del Consejo Nacional el Programa Nacional de Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres, así como establecer las bases para el diseño de una política criminológica integral con perspectiva de género.

A su vez, el Centro Nacional de Información deberá llevar a cabo el diseño, implementación y vinculación a este número único de un dígito especializado en atención a delitos en contra de las mujeres, así como de los mecanismos de atención y respuesta inmediata.

El dictamen también agrega que para el caso de delitos cometidos en contra de las mujeres, se deberán implementar sistemas de alerta, protocolos de atención y acción inmediata, apoyo psicológico y médico, para su atención y en su caso, para su búsqueda y localización en el que sean coadyuvantes los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, los medios de comunicación, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general.


Proposiciones con Punto de Acuerdo

El primer punto de acuerdo aprobado por la Comisión exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaria de Gobernación y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a hacer públicas, con pleno respeto a la secrecía y marco jurídico, las acciones realizadas para combatir las agresiones y amenazas contra periodistas y, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos para prevenir las amenazas y agresiones contra los periodistas.

Uno más es para exhortar al gobierno del Estado de México, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y direcciones de policía municipales, a impulsar una planeación y gestión de estrategias que eviten el abuso de autoridad por elementos policíacos en la entidad. 

Otro punto de acuerdo exhorta al gobierno de Michoacán para que esclarezca los asesinatos de activistas sean ambientalistas o no, ocurridos en la entidad, procurando que no quede ningún caso por resolver y, en particular, el esclarecimiento de los hechos que propiciaron la desaparición y muerte del señor Homero Gómez González.

Asimismo, solicita que se implementen los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio y libertad de expresión, así como se prevengan actos delictuosos en contra de los activistas ambientales, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de opinión y expresión.

Otro acuerdo pide al gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, a ampliar y fortalecer las estrategias, los planes y los operativos de seguridad pública para identificar, prevenir y erradicar los robos en el transporte público. 

En otro punto de acuerdo se exhorta a los ejecutivos del Estado de México, y de la Ciudad de México, para que, a través de sus respectivas secretarías de Seguridad, implementen acciones para prevenir y erradicar las agresiones en contra de las empresas de gas LP y de sus trabajadores repartidores, ante el incremento observado de estos hechos delictivos en la zona metropolitana del Valle de México.

Y en un segundo resolutivo pide a las fiscalías generales de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México, garantizar que la impartición de justicia sea pronta y expedita en el caso de las denuncias por agresiones en contra de los repartidores de gas LP y se impongan las penas que conforme a derecho procedan.

Otro punto de acuerdo exhorta al gobierno del Estado de México a fortalecer a través del Secretario de Seguridad, la estrategia para prevenir y combatir la trata de personas. En las consideraciones la Comisión señala que en dicha entidad ese delito se denunció 30 veces del 1 de enero al 30 de junio del 2020.

Un punto de acuerdo más solicita al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al comisionado estatal de Seguridad Pública, almirante José Antonio Ortiz Guarneros, a reforzar la seguridad en la entidad derivado del incremento de delitos en los últimos años; además, a realizar mesas de trabajo de seguridad con los diputados federales de la entidad.

Además, se avaló un exhorto a la Secretaría de Gobernación; el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Procuraduría Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los 32 gobiernos y fiscalías de justicia locales, a realizar las acciones coordinadas necesarias para erradicar los delitos de pornografía infantil y grooming.

En ese mismo punto de acuerdo, se solicita a la Guardia Nacional y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, realizar por sus policías cibernéticas acciones urgentes en materia de prevención, atención y denuncia para combatir la pornografía infantil y el grooming.

Otro punto de acuerdo aprobado exhorta al gobernador y Fiscalía General de Veracruz a reformular la política estatal para prevenir y erradicar la violencia de género, con el fin de establecer medidas urgentes de atención a la violencia extrema contra las mujeres, ante el alto número de feminicidios que siguen ocurriendo en la entidad.

El último punto de acuerdo avalado exhorta al gobierno de Tamaulipas para que difunda el mecanismo de solicitud de la Alerta de Género entre las autoridades de los gobiernos municipales, sector social y población vulnerable, a efecto de que cesen prácticas de violencia en contra de las mujeres, especialmente para reducir y erradicar la violencia feminicida y se fomenten círculos de paz y entornos libres de violencia. 


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